El acceso a la vivienda por parte de los jóvenes es uno de los principales retos inmobiliarios, políticos y sociales de España. Con el paso de los años, va aumentando la tasa de menores de 35 años que no se puede emancipar del hogar familiar ante la falta de recursos económicos.
Según la oficina de estadísticas comunitaria Eurostat, el 46% de los jóvenes de entre 25 y 34 años vivía con sus padres en 2021, frente al 37,2% registrado 10 años antes.
“En España, si cruzamos los datos de la Agencia Tributaria con los del Observatorio de la Emancipación, observamos que sólo en esa franja de edad -entre 25 y 34 años- existen 1.047.000 personas que, trabajando, viven aun con sus padres, lo que da una idea de la magnitud del problema”, explica la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) en un informe, donde repasa en qué punto está la situación en España con respecto a los principales países europeos.
Y la respuesta es que la edad de emancipación en el caso doméstico es una de las más tardías y que ha registrado una de las peores evoluciones en la última década. En líneas generales, los países nórdicos son los que cuentan con menos jóvenes trabajadores que viven con sus padres, mientras que las potencias centroeuropeas se encuentran a mitad de la tabla. En el sur de Europa, la situación es más crítica.
En 2021, según las cifras de Eurostat, Grecia es el país que lidera el ranking con un 60,7% de la población de entre 25 y 34 años viviendo en el hogar familiar. Le siguen Portugal, con un 56,4%; e Italia, con un 53,7%. El cuarto peor dato de la lista es el de España, con un 46% (equivalente a 1,047 millones de jóvenes). Todos ellos superan de largo el promedio de la Unión Europea, del 30,5%.
El resto de los países analizados cuenta con unas tasas mucho más reducidas. En Bélgica, por ejemplo, se limita al 20,9%, mientras que en Francia los jóvenes que residen con sus padres suponen el 15,3% del total; y en Alemania, un 12,1%. Dinamarca, Suecia y Finlandia registran las mejores cifras de los principales países de la UE, con una tasa inferior al 5%.
Si miramos la evolución durante la última década, la lectura vuelve a ser la misma: el sur de Europa es donde más ha subido el porcentaje de jóvenes que no se ha emancipado. En este caso, sin embargo, Portugal es el país más destacado, al registrar una subida de casi 12 puntos entre 2012 y 2021; seguido de Grecia (9,1 puntos), España (8,8 puntos) e Italia (7,7 puntos).
En el conjunto de la UE, la tasa apenas ha aumentado en 0,4 puntos, mientras que en Suecia y Alemania incluso ha bajado. La primera potencia continental es la que ha tenido una evolución más favorable, con una reducción de 5,2 enteros.
Con estas cifras sobre la mesa, Asprima insiste en que “es cierto que nos encontramos cerca de otros países mediterráneos, pero quizás debemos aspirar a acercarnos a los primeros ejemplos, máxime cuando nuestro índice ha perdido 9 puntos en los últimos 10 años, llevándonos a ser uno de los países que más empeoran su situación relativa”.
La necesidad de promover más vivienda asequible
El problema generalizado del acceso a la vivienda en España tiene a muchos factores detrás. Entre ellos, la falta de recursos públicos destinados a la vivienda (partida que está muy por debajo de otras como la sanidad o la educación, y a pesar de que los Presupuestos Generales de 2023 contemplan un montante récord gracias a los fondos europeos), la escasa producción de viviendas protegidas en los últimos años o la precariedad laboral de los jóvenes, incluida una elevada tasa de paro.
El Gobierno ha anunciado en las últimas semanas varios planes para aumentar la oferta de vivienda de alquiler social y asequible, con más de 180.000 unidades en seis años a través de préstamos ICO o del desarrollo de suelos en manos del Ministerio de Defensa y de Sareb, aunque la patronal de los promotores alerta de que ese compromiso, aun cumpliéndose en cantidad y plazo, “es solo una gota en el océano de la demanda actual”.
Asprima calcula que España necesita más de 75.000 nuevas viviendas asequibles al año y que dicha producción sea sostenida en el tiempo para poder atender la demanda de las clases medias que no pueden acceder al mercado libre, ya que insiste en que el problema no está solo en los colectivos más vulnerables, para los que la solución es la vivienda de promoción pública.
Para poder cumplir con estos números, los promotores ven necesario aparcar los anuncios políticos previos a las citas electorales y sellar lo que califican como “un pacto nacional con una estrategia a largo plazo”. Dicho acuerdo, en su opinión, debe implicar a los tres niveles de la Administración (estatal, autonómica y municipal) e ir de la mano con el sector privado, que es “el gran productor de vivienda asequible” en España, a mucha distancia del público.
Solo en los últimos cinco años, el sector privado ha construido cerca de 32.600 viviendas en España, mientras que el público ha ejecutado poco más de 7.000 unidades, el 17% del total. Una tendencia que se mantiene en las últimas décadas: entre 1976 y 2022, según el informe de Asprima, los promotores privados han desarrollado 3,27 millones de viviendas asequibles en todo el país (más del 85% del total), “sin apenas comprometer fondos públicos y dotando de una infraestructura de vivienda asequible al país que, sin duda, ha tenido su repercusión en la formación de la actual clase media”.
Dentro de ese acuerdo necesario, reclaman la puesta en marcha de medidas que faciliten la puesta en marcha de nueva oferta residencial en el mercado. «Se debe propiciar un marco de actuación en materia de suelo, una actualización de los precios máximos de venta de las viviendas, y un marco jurídico, fiscal, financiero y de mano de obra que fomente su rápido desarrollo», explica Aprima.
Entre esas medidas que consideran «necesarias e indispensables» están agilizar el desarrollo de suelo donde levantar nuevas promociones a través de unas políticas de urbanismo más flexibles, reducir la gestión burocrática de la construcción para agilizar la concesión de licencias o reducir la fiscalidad relacionada con el desarrollo de viviendas asequibles, que supone actualmente cerca del 25% del precio de una vivienda incluyendo impuestos y tasas.
